Composición del empleo público en Tierra del Fuego: una reflexión necesaria

 


Un reciente informe realizado por Argendata en base a datos obtenidos por el censo 2022, describe la distribución del empleo público en argentina y adicionalmente permite analizar los datos revelando la necesidad de reequilibrar el empleo público en la provincia de Tierra del Fuego.


Un nuevo análisis sobre la composición del empleo público en la Argentina vuelve a encender las alarmas en Tierra del Fuego, ya que la provincia concentra casi dos tercios de su personal estatal en administración pública, mientras que la salud queda relegada a menos del 14% del total, muy por debajo del promedio nacional.

De acuerdo con los datos del Censo Nacional 2022, a nivel país la estructura del empleo público se distribuye de la siguiente manera: 55,2% en administración y defensa, 26,4% en educación y 18,4% en salud. Dentro de la primera categoría se incluyen desde administrativos y técnicos hasta policías, gendarmes y militares. En educación se contabilizan docentes y no docentes de todos los niveles, y en salud médicos, enfermeros y personal de hospitales y centros de atención.

El peso relativo de cada sector cambia según la provincia. En las más pobladas, como Buenos Aires o Santa Fe, la administración pública ocupa un lugar menor y crecen educación y salud. En cambio, en jurisdicciones pequeñas con fuerte presencia estatal, como Santa Cruz, Catamarca o Tierra del Fuego, la administración absorbe la mayor parte de los recursos humanos.



El caso fueguino: más administración, menos salud


En Tierra del Fuego, la radiografía muestra un 62,2% del empleo público en administración y defensa, 24,1% en educación y apenas 13,7% en salud.

La comparación con la media nacional es elocuente, la provincia tiene 7 puntos porcentuales más en administración y 5 puntos menos en salud.

Este desbalance podría ser especialmente riesgoso en un territorio insular, alejado de los grandes centros urbanos donde se concentran las especialidades médicas. Cada derivación a Buenos Aires o Córdoba supone costos altísimos y una demora que eventualmente podría ser crítica para los pacientes.

Además, la baja proporción de personal sanitario en la estructura provincial podría generar una sobrecarga en los equipos locales, incrementando el nivel de estrés laboral y limitando la capacidad de respuesta del sistema sanitario e impactando negativamente en su calidad. En un contexto en que jurisdicciones como CABA o Tucumán destinan entre el 23% y el 20% de su empleo público a salud, Tierra del Fuego se mantiene en el fondo de la tabla, representando entre 7 y 10 puntos por debajo de los distritos que más recurso humano destinan al área salud.

 

La necesidad de un giro estratégico

 

Los datos contenidos en el informe nos invitan a reflexionar y debatir, sobre la necesidad de avanzar en un reequilibrio gradual del empleo público fueguino.

Reducir el peso de la administración general, que hoy está sobrerrepresentada, aumentar la dotación en salud y educación, áreas estratégicas para el bienestar social, establecer incentivos para la radicación de médicos y especialistas, incluyendo salarios competitivos, beneficios habitacionales y planes de formación en conjunto con universidades, podrían ser algunos de los estímulos para reforzar el sistema sanitario provincial.

Claramente el actual predominio de la administración pública en Tierra del Fuego constituye una vulnerabilidad estructural.

En una provincia aislada físicamente del continente y dependiente de los medios aéreos de transporte para acceder a la alta complejidad médica, reforzar la salud pública articulando fuertes programas de prevención podría tener un gran impacto positivo en el futuro.

Garantizar que los fueguinos accedan a la misma calidad de atención que el resto de los argentinos exige un cambio de rumbo en la asignación del recurso humano estatal. El desafío está planteado, hacia un debate sobre acciones necesarias.




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